El Súper RIGI es una iniciativa económica del gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este instrumento fue diseñado para captar capitales en nuevas industrias de frontera tecnológica, pero especialistas afirman que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.
Los data centers o centros de datos, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, y granjas de criptomonedas son dos de los proyectos que el Gobierno quiere atraer. Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua (que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas) y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.
Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.
Patrocinado por TecnoArtesanos ¿Tu empresa ya está usando IA? Automatizamos procesos, integramos asistentes inteligentes y conectamos tus sistemas. Descubre cómo →Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.
“Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas de tipo municipal, provincial e incluso nacional no deben ir en contra de los beneficios que adquiere un beneficiario del RIGI. En otras palabras, el tener las exenciones del RIGI se termina imponiendo por sobre la legislación ambiental, laboral u otro tipo de regulaciones”, resaltó Slipak.
A dos años de su implementación, existen 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el RIGI, según el Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
De ellos, 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas, y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. Los otros 18 proyectos continúan en evaluación y uno fue rechazado.
