El precio del oro lleva meses volando. Actualmente, el metal amarillo ronda los 3,500 dólares la onza. La razón principal es la inestabilidad geopolítica de los últimos años: en tiempos de incertidumbre e inflación, la gente busca en el oro un refugio contra las turbulencias. En pocas palabras, este metal es como un escudo contra las tormentas financieras, y la demanda empuja naturalmente los precios al alza.
Según el banco suizo J. Safra Sarasin, las compras institucionales de los últimos meses han sido especialmente intensas en las economías emergentes: Polonia, Azerbaiyán, Kazajistán, China y Turquía son los cinco principales compradores, mientras que Uzbekistán y Singapur han sido los mayores vendedores desde principios de año.
Por otro lado, aunque las compras domésticas, que representaron el 40% de la demanda mundial de oro en 2024, se han visto frenadas por los precios, el escenario hace que la extracción ilegal del metal amarillo sea aún más atractiva. Incluso en el Amazonas, donde se celebrará la próxima conferencia de la ONU sobre el clima, la COP30. Al fin y al cabo, los delitos ambientales conllevan poco riesgo, y las recompensas son altas. Esto también se debe a la complicidad de individuos aparentemente “insospechados”.
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Encontrar y castigar a los responsables no es fácil: no existen leyes, y cuando las hay, el intercambio de información entre investigadores de distintos países es escaso. A esto se le suma el papel de los Estados por donde transita el dinero y se almacena o procesa el oro, que no son para nada rigurosos con sus controles. Entre ellos están Italia, los Emiratos Árabes Unidos, Suiza e incluso EE UU.
Esta es una de las razones por las que los delitos medioambientales, según Fact Coalition, una ONG estadounidense comprometida con la difusión de prácticas contables transparentes, representan la tercera actividad ilegal más practicada en el mundo, con un volumen de negocio estimado en 281,000 millones de dólares al año.
“En lo que respecta a los delitos contra el medio ambiente en el Amazonas, Estados Unidos figura entre los principales países de destino tanto de los productos obtenidos ilegalmente como del dinero sucio asociado a ellos“, afirma Julia Yansura, directora de programas de la organización. Y añade: “Es hora de que EE UU cambie esta dinámica, y la Iniciativa de la Región Amazónica para las Finanzas Ilícitas es un paso importante en esta dirección”.
Yansura se refiere a la iniciativa lanzada en julio de 2024 por EE UU y los países de la región amazónica, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, para frenar la financiación ilegal que alimenta los delitos medioambientales. Según Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro durante la administración Biden, la iniciativa habría servido para aumentar la cooperación entre ministerios y policías, que recibieron formación específica para detectar flujos de capital ilegal.
No obstante, un año después, el rastro se ha perdido. En internet no hay nada reciente. Ninguna referencia a la iniciativa, salvo notas de prensa de hace doce meses. Según el comunicado de entonces, Estados Unidos y Brasil iban a organizar una reunión regional en los meses siguientes para establecer las prioridades del grupo; por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense se había comprometido a organizar sesiones de seguimiento para aumentar las competencias de los investigadores. Pero tampoco hay rastro de ello. La oficina de prensa del departamento no respondió a la petición de comentarios de WIRED.
El decreto firmado por Trump establece una base oficial para realizar operaciones militares en territorio extranjero, tanto marítimo como terrestre, con el fin de frenar el tráfico de drogas, según un informe.
El oro es el nuevo refugio del crimen
“Con sus recientes subidas, el oro es una de las mayores fuentes de ingresos de las redes criminales que operan en las regiones amazónicas”, asegura Yansura. Concretamente, en Colombia y Perú, la minería ilegal genera más dinero que el narcotráfico. Añade que este año el precio del oro se ha disparado hasta los 3,500 dólares la onza, lo que significa que los grupos criminales implicados en la industria son cada vez más ricos y poderosos.
La consecuencia para la selva amazónica es evidente: “El aumento del precio del oro llevará a la explotación de minas en zonas cada vez más extensas de la región, lo que contribuirá a aumentar la violencia, las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales”. Los grupos criminales utilizan el oro con dos fines principales: el primero es como inversión, para ganar dinero, diversificando el modelo de negocio más allá de la mera venta de drogas. El segundo es como medio para lavar, transportar y almacenar los beneficios del narcotráfico.
