Actualmente hay más de 50 permisos 404 vigentes en EE UU, algunos de los cuales siguen exigiendo notificaciones previas a la construcción, y que se renuevan cada cinco años. Muchas de estas exenciones se aplican a actividades agrícolas, como la recolección de arándanos o la construcción de estanques para granjas, o a servicios ecosistémicos y científicos, como la topografía y el mantenimiento del suelo. También se incluyen en el programa ciertos tipos de minería del carbón y actividades relacionadas con el petróleo y el gas.
Edificios como tiendas, restaurantes, hospitales y escuelas ya cuentan con su propio permiso nacional, del cual algunos centros de datos también se acogen. Sin embargo, este permiso exige un análisis individual más exhaustivo si el proyecto afecta a más de medio acre de agua protegida.
En su comentario de marzo, la DCC recomendó la creación de un permiso de ámbito nacional con “umbrales de notificación y cobertura sólidos” y argumentó que “los largos plazos de aprobación no son coherentes con otros permisos nacionales que tienen límites más altos, o ninguno, o que establecen un umbral por debajo del cual no se requiere una PNC (petición de no conformidad), lo que permite actuar de inmediato”. Meta, que ha anunciado su intención de construir enormes centros de datos en varios estados y que actualmente construye uno de 2,250 acres en Luisiana, también solicitó un permiso nacional y sugirió que el gobierno federal “agilizara” aún más el proceso de autorización 404.
El director de asuntos globales de Meta, Joel Kaplan, publicó en X la semana pasada que el Plan de Acción de IA “es un paso audaz para crear el entorno normativo adecuado para que empresas como la nuestra inviertan en Estados Unidos”, y que Meta está “invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en infraestructuras generadoras de empleo en todo el país, incluidos centros de datos de última generación”. Meta declinó hacer más comentarios para este artículo a través de un portavoz.
Un nuevo informe de The Maybe revela los impactos ocultos de la expansión de centros de datos impulsada por la IA y la computación en la nube. El estudio explora la monopolización del agua, contaminación, energía y resistencia comunitaria global frente a la falta de transparencia y promesas incumplidas de gigantes tecnológicos y gobiernos. Descubre estudios de caso en Chile, EE.UU., Países Bajos, México y Sudáfrica.
Los expertos están preocupados
Los abogados ambientalistas no están convencidos de que un permiso nacional para centros de datos, independientemente de su tamaño, respete la intención original de la Ley de Aguas Limpias. “Lo que hace que una exención general para los centros de datos sea complicada es que los impactos varían bastante según la ubicación”, señala McElfish. Añade que, mientras un centro de datos puede tener un impacto de apenas una “fracción de acre” al reconstruir un cruce de arroyo o rellenar un humedal, otros pueden tener impactos mucho mayores en las vías fluviales locales, dependiendo de la región.
Hannah Connor, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, coincide: “Lo que estamos viendo aquí es un intento de ampliar el programa de permisos 404 a nivel nacional, para que se someta a una revisión regulatoria mucho más reducida, fuera del propósito original del programa. Es literalmente una vía rápida para pavimentar los humedales”.
Actualmente hay proyectos de centros de datos en desarrollo que ya enfrentan problemas relacionados con aguas protegidas por el gobierno federal. En Indiana, Amazon ha provocado oposición local por su intento de rellenar casi 10 acres de humedales y más de 5,000 arroyos para construir un enorme centro de datos. En Alabama, ecologistas advierten que la huella hídrica de un centro de datos propuesto podría tener graves repercusiones en las vías fluviales locales, con la posible extinción de una especie de peces.
