La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, diseñada para impulsar la implementación y adopción de medios de pago electrónicos y digitales en México. La iniciativa, según sus promotores, busca fortalecer la inclusión financiera y ampliar las oportunidades para los negocios en el país. Sin embargo, los opositores afirman que se trata de un mecanismo autoritario que facilita la vigilancia y podría acentuar las desigualdades persistentes en el mercado mexicano.
En términos generales, la propuesta de ley “tiene por objeto cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, para que cualquier persona pueda pagar de manera digital”, de acuerdo con el documento de presentación.
El proyecto define como pagos digitales y electrónicos aquellos realizados a través de códigos QR, códigos de respuesta rápida y dispositivos NFC que permitan “la realización de pagos; el uso de tarjetas de débito y de crédito; órdenes de transferencia de fondos, incluido el servicio conocido como domiciliación; cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita la realización de pagos, transferencias de recursos, así como a otros reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia”, informó la Cámara de Diputados.
Patrocinado por TecnoArtesanos ¿Tu empresa ya está usando IA? Automatizamos procesos, integramos asistentes inteligentes y conectamos tus sistemas. Descubre cómo →
En 2026, los ciberdelincuentes combinarán ingeniería social, deepfakes y virus adaptables para atacar a usuarios distraídos y vulnerar sistemas financieros.
Entre otras cosas, la normativa establece que la CURP digital deberá ser aceptada como un mecanismo válido para acreditar la identidad de los usuarios que deseen contratar algún servicio financiero mediante plataformas electrónicas. No obstante, precisa que los interesados también podrán utilizar otros documentos oficiales para tal fin.
La nueva ley contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano, que funcionará como un recurso para facilitar el acceso de las instituciones financieras a documentos o información digital de quienes busquen contratar algún servicio financiero, con autorización previa. Los datos incluidos en este expediente tendrían los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos y las personas podrían solicitar su consulta y portabilidad.
Además, el marco legal plantea que las autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten los medios de pago electrónicos y digitales para trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios podrán implementarlos. Tanto autoridades como establecimientos tendrían que habilitar la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para atender contingencias que impidan temporalmente aceptar pagos digitales.
La nueva ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de pago. Hasta el momento, se desconocen las condiciones, requisitos y reglas de operación a las que quedarán sujetos estos ramos. La propuesta contempla una excepción: cuando una contingencia imposibilite recibir pagos digitales, se permitiría temporalmente el uso de efectivo o cheque, pero estas situaciones no podrían convertirse en una práctica permanente.
Finalmente, el proyecto delega a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el desarrollo de modelos y soluciones tecnológicas vinculados con la digitalización de trámites y servicios, que incluyen la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
¿Inclusión a la economía digital o un nuevo mecanismo de vigilancia?
Pese al avance de la propuesta en el proceso legislativo, el proyecto ha generado opiniones opuestas entre los legisladores alrededor de su aplicación efectiva, su propósito y el impacto económico que podría generar entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como entre los consumidores.
Carlos Hernández Mirón, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que esta ley es una herramienta necesaria para impulsar el mercado interno. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sostuvo que México cuenta con la infraestructura necesaria para atender pagos digitales masivos, ya que “98%” de los mexicanos cuenta con un dispositivo móvil que les da acceso a estos servicios (en realidad la cifra es del 84.6% de la población en México de 6 años o más la que usó un teléfono celular en 2025, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI).
