Además, advirtió que el impuesto podría generar efectos económicos y sociales significativos: “Estimamos que se podrían perder alrededor de 150,000 empleos directos e indirectos en los próximos cinco años. Afectará a los pequeños comercios, a las más de 1.2 millones de tienditas populares, muchas de las cuales podrían cerrar, ya que los refrescos y bebidas saborizadas representan cerca del 30% de sus ventas. También impactará en toda la cadena productiva”, indicó en un comunicado.
Un efecto similar se prevé en el sector de los videojuegos. Los consumidores podrían asumir el impuesto del 8% al adquirir juegos físicos o digitales, realizar compras dentro de aplicaciones free-to-play o pagar suscripciones en plataformas como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online.
Respecto al incremento en el costo de acceso a museos y zonas arqueológicas, cabe aclarar que solo aplica a turistas extranjeros. Las personas de nacionalidad mexicana y los extranjeros con residencia permanente deberán acreditar su estatus para evitar los aumentos y podrían acceder a descuentos de hasta 50% en las entradas (en caso de ser estudiantes, maestros, adultos mayores, etc).
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Las nuevas atribuciones del SAT incluidas en la reforma al Código Fiscal han generado preocupación sobre la privacidad y seguridad de los usuarios, pues algunos especialistas las consideran un posible mecanismo de censura, con potencial para vulnerar algunos derechos fundamentales.
En declaraciones a WIRED en Español, diversos expertos señalaron que el artículo 30-B no especifica qué tipo de datos podrían ser requeridos ni los mecanismos para su consulta en tiempo real, lo que genera un riesgo potencial para la privacidad de millones de usuarios.
Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The Competitive Intelligence Unit, explicó que “aunque las plataformas no le digan al SAT lo que haces en redes sociales, la dependencia podría obtener información con nombre y apellido, susceptible de usarse para fines políticos, de censura o persecución”.
Estas inquietudes se intensifican al considerar reformas previas que también amplían el acceso gubernamental a datos personales, incluidos biométricos. Entre ellas se encuentra la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para acceder a registros públicos y privados, como información telefónica, biométrica, vehicular, bancaria, de salud, empresarial o comercial, siempre que existan procesos de investigación en curso.
“Todos los países buscan regular adecuadamente a las empresas digitales, pero nadie está implementando algo como lo que ahora se propone en México”, dicen analistas.
Por su parte, Martha Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en la organización Artículo 19 México y Centroamérica, advirtió que la posibilidad de bloquear temporalmente el acceso a servicios digitales constituye un acto de censura.
“En las definiciones del SAT se incluyen plataformas digitales que utilizamos para comunicarnos y acceder a información. Eso es lo realmente grave”, señaló. Añadió que, de aplicarse el bloqueo a determinadas plataformas, se vulnerarían derechos a la libertad de expresión, información y protesta, además de otros derechos fundamentales. “La capacidad de ‘bajar el switch’ a un servicio digital es muy violenta cuando hablamos de derechos humanos”, enfatizó.
Los especialistas coinciden en que las reformas al Código Fiscal no contemplan mecanismos de control efectivos para prevenir abusos o un uso indebido de la información por parte de las autoridades.
“Estas reformas se aprobaron sin controles claros ni salvaguardas. Nos dejan en indefensión. Lamentablemente, el contexto gubernamental mexicano genera dudas legítimas sobre si esa información se usará para perseguir, inculpar o vigilar a personas y empresas. En lugar de aplicar medidas selectivas, se criminaliza potencialmente a toda la población”, concluyó Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC.
