Desde que la prohibición entró en vigor el pasado 10 de diciembre, el gobierno estima que más de 5 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años han sido desactivadas o restringidas. Aun así, Anika Wells, ministra de Comunicaciones, aseguró que esos resultados siguen siendo insuficientes.
“Según las actualizaciones periódicas que recibo del Comisionado de Seguridad en Internet, me queda claro que las plataformas de redes sociales están recurriendo a tácticas sacadas directamente del manual de las grandes empresas tecnológicas y haciendo únicamente lo mínimo indispensable para salir adelante”, acusó.
La ministra reiteró que el organismo regulador necesita más y mejores herramientas para cumplir su labor y exigir responsabilidades a las plataformas, las cuales describió como “algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo”.
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El anuncio del gobierno australiano se produce en un contexto en el que continúa aumentando el número de países que buscan restringir el acceso de menores a las redes sociales con el objetivo de proteger su integridad y seguridad. Tras la regulación adoptada por Australia, naciones como Reino Unido, Canadá, Francia, España, Dinamarca, Malasia, Noruega, India y Egipto han presentado iniciativas similares que aún se encuentran en proceso de aprobación. Al mismo tiempo, algunos gobiernos estatales de México y Estados Unidos también analizan propuestas en la misma dirección.
No obstante, todavía no existe evidencia científica concluyente que demuestre que una prohibición total de las redes sociales constituya una solución adecuada y efectiva para atender los problemas sociales, emocionales, psicológicos y de seguridad relacionados con el uso de estas tecnologías entre adolescentes.
Un estudio reciente de la Universidad de California concluyó que prohibir las redes sociales a menores de edad constituye “una intervención no probada” que, lejos de convertirse en un mecanismo eficaz de protección, podría generar efectos adversos en el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
En la misma línea, más de 370 especialistas en seguridad y privacidad digital procedentes de 30 países firmaron una carta abierta en la que advierten que los sistemas de verificación de edad, indispensables para hacer cumplir este tipo de restricciones, no son tan seguros ni eficaces como suelen presentarse, además de que podrían representar un riesgo para todas las personas que utilizan internet.
Pese a la falta de consenso científico sobre la efectividad de estas medidas, Wells subrayó que “estas nuevas y severas sanciones, junto con las facultades adicionales otorgadas al regulador, demuestran que no daremos marcha atrás. Al contrario, redoblaremos nuestros esfuerzos para exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas”.
