En menos de 24 horas y por vías independientes, dos jurados en Estados Unidos concluyeron que las plataformas digitales de Meta y Google están concebidas deliberadamente para fomentar conductas adictivas y ponen en riesgo la salud de usuarios menores de edad.
Las resoluciones, que implican el pago de sanciones millonarias, no solo respaldan miles de demandas que durante años han sostenido que las redes sociales afectan la salud de los jóvenes, sino que también podrían marcar un precedente en la forma en que se asigna responsabilidad a las empresas tecnológicas por el bienestar psicoemocional de la población.
Perder podría costar miles de millones a las empresas de redes sociales y forzar cambios en las plataformas.
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Esta semana, un jurado civil de Nuevo México ordenó a Meta pagar una multa de 375 millones de dólares tras determinar que la empresa propietaria de Instagram y Facebook engaña a los usuarios respecto a la seguridad de sus plataformas.
El fallo es el resultado de más de dos años de litigio, periodo en el que el Departamento de Justicia de Nuevo México buscó atribuir responsabilidades a la compañía “por su falta de honestidad y por decisiones de diseño que afectan a los menores”, según la fiscalía. Durante el juicio, la parte demandante acreditó que diversas características de los productos de Meta no solo facilitaron que depredadores sexuales explotaran a niños y adolescentes en sus servicios, sino que además la empresa “estructura intencionalmente sus plataformas para generar dependencia en los usuarios jóvenes y exponerlos a contenidos dañinos vinculados con trastornos alimenticios y autolesiones”.
Un día después, en Los Ángeles, California, otro jurado determinó que Meta y Alphabet (empresa matriz de Google) incurrieron en negligencia en el diseño de sus servicios digitales. El veredicto responde a una demanda presentada por una mujer de 20 años, identificada como KMG, quien afirmó que comenzó a utilizar Instagram y YouTube antes de los 10 años y desarrolló una adicción que derivó en ansiedad y depresión. Como resultado, ambas compañías deberán cubrir una indemnización conjunta inicial de 6 millones de dólares.
La defensa
En ambos procesos, las empresas implicadas adelantaron que impugnarán los fallos. Su principal argumento es la ausencia de evidencia científica concluyente que establezca una relación causal directa entre el uso de redes sociales y los problemas de salud mental en menores, un punto en el que, efectivamente, la comunidad científica aún no alcanza consenso.
Hace dos años, Vivek Murthy, ex cirujano general de Estados Unidos, advirtió que la exposición prolongada a plataformas digitales durante la infancia puede asociarse con trastornos psicológicos, alteraciones del sueño y dificultades en la interacción social. No obstante, un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) señaló que el uso de redes sociales “no es inherentemente beneficioso ni perjudicial para los jóvenes”, aunque subrayó la necesidad de profundizar en la investigación para comprender mejor sus efectos.
Las compañías también sostienen que han invertido recursos significativos en el desarrollo de herramientas de seguridad y sistemas de moderación de contenido. Asimismo, argumentan que la responsabilidad de garantizar entornos seguros no recae únicamente en las plataformas, sino también en los propios usuarios. Para respaldar esta postura, invocan la legislación estadounidense de 1996 conocida como la Sección 230 de la Communications Decency Act, que establece que los intermediarios digitales no son responsables del contenido generado por terceros.
Los efectos secundarios
Durante años, demandas relacionadas con los posibles daños causados por las redes sociales a menores fueron desestimadas en gran medida gracias a esta normativa. La mayoría de esos casos se centraba en los algoritmos de distribución de contenido. Sin embargo, los litigios recientes en Nuevo México y Los Ángeles pusieron el foco en decisiones de diseño deliberadas y en los efectos inherentes al producto, lo que permitió sortear la protección que otorga la Sección 230.
Este cambio de enfoque ha sido clave. Analistas consideran que estos fallos podrían influir en el desenlace de otros procesos similares que Meta y diversas empresas tecnológicas enfrentan en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
