México podría establecer un impuesto del 8% a los videojuegos considerados “violentos” y no aptos para menores de edad. La propuesta forma parte del Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión para su posible aprobación. La dependencia sostiene que la medida busca atender las afectaciones que este tipo de títulos pueden ocasionar en la salud mental de los jugadores más jóvenes.
La iniciativa señala que, de acuerdo con estudios recientes, “existe una relación entre el uso de videojuegos violentos y un nivel más alto de agresión entre adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad. [En consecuencia] se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento”.
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El documento detalla que este nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el que el gobierno prevé recaudar 183 millones de pesos durante el próximo año, forma parte de una serie de medidas tributarias con fines “extra fiscales”, diseñadas para desalentar el consumo de productos considerados riesgosos para la salud física y mental de la población.
El gravamen se aplicará a todos los videojuegos clasificados como no aptos para menores de edad conforme al sistema de clasificación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2020. Con base en este esquema, se especifica que alcanzará a los títulos con clasificación “C” y “D”.
Asimismo, la iniciativa incorpora una definición legal en la fracción XXXVIII del artículo 3 de la Ley del IEPS sobre lo que considera un juego violento o no apto para menores. Se enlistan características como la presencia de “violencia intensa o escenas prolongadas de violencia, derramamiento de sangre, contenido sexual o sexual gráfico, lenguaje fuerte o apuestas con moneda real”.
¿Qué popone el nuevo impuesto sobre videojuegos violentos?
La norma se aplicará tanto a videojuegos comercializados en formato físico como a los servicios digitales que permitan el acceso o descarga de estos títulos, ofrecidos por empresas nacionales o extranjeras sin establecimiento en México.
El impuesto también gravará a los videojuegos gratuitos free-to-play, es decir, aquellos cuyo acceso o descarga sea gratuita, pero que incluyen contenido adicional pagado dentro del juego, como armas, personajes, niveles o pases de temporada. En este caso, el 8% se aplicará únicamente sobre el monto de las compras in-app.
Para plataformas como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Ubisoft+, cuando sus planes de suscripción incluyan tanto títulos sujetos al impuesto como exentos, será obligación del servicio desglosar el precio correspondiente a cada uno. Si no lo hacen, las autoridades presumirán que el 70% del valor total de la suscripción corresponde a videojuegos gravados. Esta presunción puede evitarse si el proveedor detalla los precios de manera clara.
Las plataformas de distribución digital y tiendas de aplicaciones serán responsables de retener el 100% del IEPS cobrado al vendedor o desarrollador. En consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como retenedores de IEPS y proporcionar información detallada al SAT sobre las operaciones realizadas, además de entregar mensualmente los impuestos recaudados. Si estas disposiciones no se cumplen, el SAT podría ordenar el bloqueo temporal del acceso al servicio digital desde territorio nacional.
De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, citado en el Paquete Económico 2026, los tres géneros de videojuegos más consumidos en México son acción/aventura, estrategia y disparos. La investigación señala que, desde 2021, cuatro de los cinco títulos más demandados se destacan por su contenido violento.
La propuesta fiscal sostiene que “en México los videojuegos con clasificaciones ‘C’ y ‘D s e juegan con éxito entre niños y adolescentes, quienes los obtienen mediante plataformas digitales, acceso y descargas, superando el control que los adultos ejercen sobre su uso”.
El Gobierno mexicano enfatiza que el impuesto sobre videojuegos violentos “no tiene la finalidad de prohibir su adquisición”. Su intención es desalentar el consumo entre un grupo específico de la población y “obtener recursos que permitan internalizar los costos a la salud asociados a su consumo”.
De aprobarse, el IEPS a videojuegos violentos en México podría marcar un precedente a nivel mundial. Aunque distintos países han implementado medidas para evitar que los menores accedan a estos productos, no existen registros de un impuesto con este alcance. En 2019, legisladores de Pensilvania, en Estados Unidos, propusieron un gravamen del 10% a los videojuegos clasificados como no aptos para menores. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
