El documento añade que, en este contexto, los efectos de una venta obligada de Chrome serían inciertos, ya que el dominio de Google no proviene únicamente de conductas ilegales. Precisa además que la mayoría de los usuarios del navegador se encuentra fuera de Estados Unidos, lo que complica la viabilidad de una desinversión limitada a ese país por cuestiones logísticas. Esto podría degradar la calidad del producto y afectar la satisfacción de los usuarios en otros mercados.
Google obligado a compartir datos y sin contratos de exclusividad
En consecuencia, y para frenar las prácticas monopólicas de la empresa, el juez determinó que Google no podrá celebrar contratos de exclusividad relacionados con Search, Chrome, Google Assistant y Gemini, su chatbot de inteligencia artificial. En contraste, podrá establecer convenios para preinstalar sus aplicaciones de búsqueda en los dispositivos de los fabricantes. Esto sugiere que el millonario acuerdo que mantiene con Apple quedará intacto.
Asimismo, deberá compartir datos del índice de búsqueda y de interacción de usuarios, que incluyen URL, contenido, metadatos, enlaces de las páginas rastreadas, además de información sobre los clics en resultados, el tiempo de permanencia, los términos utilizados en consultas y datos generales sobre la forma en que las audiencias interactúan con los sitios web.
En un comunicado, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Google, destacó que la resolución “reconoce cuánto ha cambiado la industria con la llegada de la IA, que ofrece a las personas muchas más formas de encontrar información. La competencia es intensa y los usuarios pueden elegir fácilmente los servicios que prefieren”.
Celebró también el rechazo a imponer una desinversión en Chrome y Android, ya que esto “habría ido más allá del enfoque del caso en la distribución de búsquedas y habría perjudicado tanto a consumidores como a nuestros socios”.
Sin embargo, expresó preocupación por las restricciones comerciales y la exigencia de compartir ciertos datos con competidores. “Nos inquieta el impacto que estos requisitos puedan tener en nuestros usuarios y en su privacidad, y estamos analizando la decisión con atención”, afirmó.
Las determinaciones del juez generaron opiniones encontradas. Jessica Melugin, directora del Centro de Tecnología e Innovación del Instituto de Empresas Competitivas, aseguró que el tribunal actuó correctamente al rechazar la mayoría de las solicitudes del DOJ. “No obstante, la obligación de compartir datos plantea dudas sobre quién podría considerarse un ‘competidor cualificado’ y si esto beneficiará a los consumidores o solo a los rivales de Google”, puntualizó.
En contraste, Sacha Haworth, directora ejecutiva del Proyecto de Supervisión Tecnológica, criticó que el fallo se basara en consideraciones especulativas sobre la GenAI, un mercado en el que, a su juicio, Google ya es un actor dominante. “La búsqueda es una de las vías más relevantes para las futuras consultas de IA, y es evidente que, en lugar de tomar medidas drásticas, el juez Mehta prefirió permitir que Google continuara imponiendo su voluntad sobre internet y nuestra economía, antes que aplicar la ley diseñada para garantizar condiciones equitativas que beneficien al pueblo estadounidense y a las nuevas empresas innovadoras”, concluyó.
