Algunos congresos locales, como el de Ciudad de México, Aguascalientes o Hidalgo, han presentado sus propias iniciativas de ley que prohíben actividades comerciales relacionadas a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. “Podrían reformarse códigos penales locales para empezar a sancionar este delito, pero la fragmentación normativa respecto al vapeo creará escenarios absurdos”, dice Anguiano.
“Por dar un ejemplo, un mismo acto –como poseer un vapeador– podría ser considerado un delito en Aguascalientes; pero a 45 minutos, en Zacatecas, implicaría solo una sanción administrativa. Creará, cuando menos, un ambiente legal incómodo que criminalizará arbitrariamente a quienes vivimos en México, de acuerdo a nuestra entidad”, añade la especialista.
Anguiano señala que, lejos de disuadir el vapeo, el impacto de estas leyes locales se enfocaría a la criminalización de las juventudes y a profundizar problemas sanitarios vinculados al vapeo. Además, “aumentarán la dificultad de acceso a productos seguros y continuarán saturando sus sistemas de justicia con casos menores que no ameritan medidas de privación de la libertad”.
Patrocinado por TecnoArtesanos ¿Tu empresa ya está usando IA? Automatizamos procesos, integramos asistentes inteligentes y conectamos tus sistemas. Descubre cómo →Una ley que ignora la evidencia y favorece la informalidad
Fundado en 2018, el Instituto RIA se dedica a la investigación sobre el uso de sustancias psicoactivas con el fin de centrar políticas públicas desde una perspectiva de salud pública y justicia social. “Diría que lo que nos distingue como organización es nuestra capacidad para tender puentes entre distintos actores”, dice Julia Anguiano, también licenciada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). “Facilitamos diálogos entre el funcionariado público, actores de interés y comunidades afectadas por las políticas de drogas”.
Sin embargo, no parece que los legisladores que aprobaron la prohibición constitucional de los vapeadores hayan atendido las advertencias de expertos en materia de adicciones. “La aprobación de estas reformas legislativas estuvo marcada por un proceso cuanto menos cuestionable”, dice Anguiano. “Las adecuaciones legales equipararon el uso de fentanilo ilícito con el uso de los dispositivos de vapeo en un mismo paquete normativo, cuando se tratan de dos sustancias radicalmente distintas”.
Si bien hay conciencia general sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, persiste la confusión sobre las implicaciones a largo plazo respecto al consumo moderado. La ciencia mantiene su búsqueda de más evidencia.
“Lo anterior permite sospechar que la intención detrás fue capitalizar el estigma social alrededor de ciertas sustancias para lograr la aprobación de las reformas. Sugiere más un cálculo político que una genuina preocupación por la salud pública”. Anguiano expone a WIRED que tiene poco tiempo que el mercado de los vaporizadores encontró su nicho en México, alrededor de 2020. Los jóvenes fueron el primer demográfico en adoptar de manera significativa este producto, “y como puede comprenderse, esto no gustó a docentes, padres de familia y otros adultos involucrados en la educación. Al hablar con estos grupos, la razón principal por la cual identificamos apoyo social hacia la prohibición del vapeo es que había mucha disponibilidad para su venta entre menores de edad”.
Ningún investigador o experto que está en contra de la prohibición niega que vapear es nocivo para la salud; sin embargo, múltiples investigaciones y autoridades sanitarias en otros países han indicado que los vapeadores, en comparación con los tradicionales cigarros de combustión, son menos riesgosos y dañinos, y pueden conducir a dejar el tabaco. Se desconoce si las autoridades que impulsaron la prohibición de los vapeadores simplemente ignoraban la evidencia estadística que se había acumulado a favor de una política de reducción de daños, o si obedecían a intereses políticos o económicos ajenos a una preocupación sincera por la salud de los menores. “Obtuvimos una prohibición de papel, pero sin impacto real, y que no beneficia a nadie: ni a la salud pública, ni a consumidores, ni al Estado, con la recaudación de impuestos que le habría traído la regulación”, dice Anguiano.
