El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) insiste en que Google debe vender Chrome para resolver el monopolio que mantiene en el negocio de las búsquedas en línea. La propuesta, presentada durante la primera jornada de una audiencia de tres semanas, podría transformar por completo el modelo de negocio de la tecnológica y establecer nuevas reglas para las grandes compañías de Silicon Valley.
Según un reporte de The New York Times, los abogados del gobierno argumentaron que el popular navegador de la empresa facilita su dominio al redirigir a los usuarios, de forma predeterminada, a su propio motor de búsqueda. Además, señalaron que Google debe implementar mecanismos que favorezcan a sus competidores para restablecer la competencia en el sector.
David Dahlquist, representante legal del DOJ, afirmó que “es hora de que el tribunal le diga a Google y a todos los demás monopolistas que están escuchando, y lo están haciendo, que hay consecuencias cuando se infringen las leyes antimonopolio”.
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A pesar de las preocupaciones sobre el poder de Google, los críticos de la empresa y los antiguos ejecutivos expresan poco acuerdo sobre lo que se puede hacer para aumentar la libre competencia, si es que se puede hacer algo.
Por su parte, el equipo jurídico de Google respondió que el tribunal debería centrarse exclusivamente en los acuerdos suscritos con Apple, Mozilla, Samsung y otras compañías, a través de los cuales posiciona su motor de búsqueda como predeterminado en diversos navegadores y millones de dispositivos móviles. Estos convenios fueron el fundamento de la demanda presentada por el gobierno hace cinco años.
“La propuesta de Google responde directamente a las determinaciones legales de este tribunal, pero también va mucho más allá”, declaró John Schmidtlein, abogado litigante de la compañía.
La investigación del DOJ contra el gigante tecnológico comenzó en 2020. El caso sostiene que Google abusó de su posición predominante en el mercado de búsquedas para obstaculizar el crecimiento de competidores emergentes. Esta ventaja le habría permitido asegurar contratos millonarios con empresas como Apple para garantizar que su buscador se mantuviera como opción predeterminada en centenares de dispositivos móviles.
El año pasado, las autoridades emitieron un fallo en el que argumentaron que la firma controla cerca del 90% de las búsquedas en internet, lo que restringe significativamente las oportunidades de desarrollo para sus rivales. El juez de distrito, Amit Mehta, concluyó que “la evidencia del juicio demostró con claridad que el poder monopólico de Google, sostenido mediante acuerdos de distribución exclusiva, le ha permitido incrementar los precios de los anuncios de texto sin enfrentar restricciones competitivas relevantes. Estos aumentos han impulsado el crecimiento extraordinario de sus ingresos y han asegurado márgenes operativos altos y notablemente estables”.
Un informe publicado por Bloomberg en agosto pasado reveló que el DOJ evaluaba diversas alternativas para responder al veredicto. Entre las opciones se contemplaban la posible escisión de Chrome y Android del resto del ecosistema empresarial, la venta forzosa de su plataforma publicitaria Google Ads, el requerimiento de compartir más datos con competidores y la imposición de medidas que eviten que Google obtenga ventajas desleales en el mercado de productos basados en inteligencia artificial (IA).
Los planes alrededor de la IA de Google en la mira
Actualmente, el tribunal analiza los argumentos de ambas partes respecto a la estrategia más efectiva para abordar el dominio de la compañía. Se espera que el juez emita las órdenes correspondientes con las medidas correctivas —conocidas como remedios— antes de que finalice el verano.
Google sostiene que los cambios necesarios en su modelo comercial deben ser mínimos. Defiende la continuidad de los acuerdos que le permiten establecer su motor de búsqueda como opción predeterminada en diversos navegadores y smartphones. No obstante, propone que dichos contratos se renegocien anualmente y contemplen mecanismos que permitan, por ejemplo, a las empresas seleccionar motores de búsqueda alternativos según el producto.
